Publicado en Resumen.cl
¡El tiempo es oro! Así se llamó el programa de concursos transmitido buena parte de la década de 1990 en la televisión chilena. No ganaba quien sólo respondía correctamente, sino quien lo hacía más rápido. Para entregar los premios, el formato distinguía a los veloces de los lentos, independientemente de si los demás competidores supieran la respuesta.
Dicha figura, que nos divierte en concursos y competencias, sin embargo, tiene consecuencias muy distintas cuando se trata del resto de las situaciones de nuestro cotidiano. Molestaría, por ejemplo, que la PAES distinguiera el ingreso a la universidad por quienes, además del puntaje, entregaran la prueba en un tiempo más corto. Simplemente no es justo.
El asunto es que cada vez más nos juzgan por la velocidad. Eso nos hace pensar que la configuración de un mundo en aceleración, como suelen describir distintos pensadores, entraña procesos sociales que permiten una profundización de la segmentación social en un país como el nuestro. ¿Cómo ocurre esto? Pues convirtiendo en un activo político la capacidad de acelerar, de moverse más rápido, en sintonía con los tiempos de la globalización capitalista.
Hay sujetos que podrán asistir a esos tiempos rápidos y abruptos, responder a demandas y exigir velocidad, por ejemplo, en la toma de decisiones económicas. Otros sujetos, individuales o colectivos, estarán en la otra vereda, incapaces de sostener esa aceleración cuando apenas se puede costear la vida en el día a día. Pongamos dos ejemplos locales.
Un punto en la agenda de la ultraderecha chilena ha sido la campaña por “agilizar” las evaluaciones de impacto ambiental y los permisos sectoriales para proyectos extractivos y negocios inmobiliarios. Su empresa ha sido un triple éxito:
a) instalaron la idea de “permisología” en la discusión cotidiana a través de los medios de comunicación afines.
b) renovaron a los enemigos del progreso, ahora llamados científicos, arqueólogos y ambientalistas.
c) convencieron a sectores progresistas de que se trata de “modernizar el Estado” y no de una doctrina ideológica: la velocidad de las empresas importa más que la velocidad de nuestros vecinos para la toma de decisiones.
Nuestra opinión es que se trata de una trampa, y en la idea de aceleración encontramos una clave. No desconocemos la burocracia y las sempiternas falencias estatales —las vivimos cotidianamente—, pero el asunto es que nuevamente se usa al Estado como rehén de los intereses corporativos. Apuntan a los permisos sectoriales, pero en realidad buscan recortar la participación ciudadana y la injerencia popular en las decisiones políticas y económicas. ¿Pero la velocidad qué tiene que ver?
Las grandes empresas tienen mucha más capacidad de acelerar porque sus objetivos son simples y carecen de democracia interna. Poseen el capital, la tecnología y la organización para navegar en los ritmos acelerados del capitalismo financiero. Ni más ni menos, son las grandes empresas globales las que imponen la velocidad a la que debemos ajustarnos las sociedades.
Por su parte, las comunidades territoriales tienen otra velocidad. Cuando un megaproyecto irrumpe la cotidianidad de una población, a ella se le exige estar a la altura de la velocidad impuesta. ¿Ha tratado de ponerse de acuerdo con todo un vecindario, una comunidad rural o con los trabajadores de una empresa? Usted sabe que es difícil. Imagínese entonces formular reparos a megaproyectos inmobiliarios o extractivistas en tiempo récord.
Mientras planifican con años las evaluaciones de impacto ambiental, a la ciudadanía se le demanda, en breve lapso y sin compromisos vinculantes, asistir a “instancias participativas” sin dinero, especialistas ni apoyo del Estado. Los/as habitantes deben disponer de su tiempo para aprender técnicas de producción industrial, normas ambientales, economía y política, porque, por esa casualidad, la cartera de inversiones de una empresa eligió tal o cual área del país.
Un segundo ejemplo lo representa el “copamiento de la agenda”. Idéntica a los primeros meses del gobierno de Milei, la táctica de la ultraderecha es aprovechar su capacidad de manejar altas velocidades para llenar de reformas la escena política sin que sus contrincantes tengan el tiempo siquiera para organizarse. Día tras día, entre bombas y cortinas de humo, se presentan reformas que reencuadran el país hacia su extremismo ideológico.
Esta situación nacional responde a órdenes globales. Las grandes empresas tecnológicas construyen nuevos niveles de aceleración en todas las esferas de la vida social para horadar la capacidad reflexiva y la trabajosa tarea de ponerse de acuerdo entre comunidades. La aceleración contemporánea se hace pasar como la única e inevitable posibilidad histórica. Promueve el individualismo y busca suplantar el débil orden actual por una racionalidad instrumental que contribuye a destituir la poca democracia existente por la tecnocracia de los ultraricos.
Nuestra tarea, entonces, es doble. Por un lado, organizarse pronta y rápidamente para oponerse al proyecto político de la ultra derecha en su generalidad. Quedarse en la discusión punto por punto es precisamente entrar al juego que proponen. Mientras se debate si la cena en La Moneda fue procedente, pasa de largo una contrarreforma tributaria. Y, por otro lado, tenemos que contemplar la temporalidad como una categoría sustantiva en cualquier proyecto político. La velocidad de los procesos sociales, políticos y económicos no puede subordinarse a la tecnología o a los grandes actores de la economía. Tiene que estar en las manos de todas y todos.
Ignacio
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